- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que durante los dos primeros años de la administración federal se presentaron 517 denuncias ante la FGR y se sancionó administrativamente a más de 4 mil servidores públicos.
Ciudad de México.— Un total de 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con posibles actos de corrupción durante los dos primeros años de la actual administración federal, informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro.
Durante la presentación del balance de la dependencia en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que en ese mismo periodo se presentaron 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra servidores públicos, derivadas de investigaciones administrativas en las que se detectaron conductas que podrían constituir delitos.
Entre los ilícitos señalados se encuentran enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
Buenrostro explicó que determinadas irregularidades detectadas mediante procedimientos administrativos pueden tener también implicaciones penales. Por ello, además de los procesos destinados a determinar responsabilidades administrativas, los casos correspondientes son remitidos a la FGR para las investigaciones que competan a esa institución.
Más de 4 mil servidores públicos fueron sancionados
En el ámbito administrativo, la Secretaría reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados durante los primeros dos años de la administración.
Del total, 3 mil 528 correspondieron a faltas administrativas no graves, mientras que 665 estuvieron relacionadas con faltas graves.
Entre las conductas detectadas se encuentran la autorización o entrega de pagos indebidos, la extracción de información bajo responsabilidad de funcionarios —incluidos posibles datos personales— y la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron proporcionados.
La dependencia también reportó casos relacionados con compras sin justificación, falsificación de documentos, hostigamiento y acoso sexual, entre otras conductas.
Mil 737 expedientes fueron enviados al Tribunal Administrativo
Como parte de los procedimientos derivados de responsabilidades administrativas, mil 737 servidores públicos fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De estos casos, 87 ya cuentan con notificación de sanción, mientras que mil 650 expedientes continúan en proceso ante el tribunal.
El balance también incluyó medidas contra empresas y otras personas morales involucradas en irregularidades relacionadas con contratos públicos.
En total, 286 personas morales fueron sancionadas. De ellas, 222 recibieron una inhabilitación acompañada de multa, mientras que otras 64 fueron sancionadas únicamente con una multa. En conjunto, estas resoluciones representaron 147.3 millones de pesos por concepto de multas.
Entre las principales irregularidades atribuidas a particulares se encuentran la presentación de documentación falsa, el incumplimiento de contratos para entregar bienes o servicios dentro de los plazos establecidos y la simulación de experiencia técnica.
En algunos expedientes se detectó la falsificación de currículos para acreditar que las empresas contaban con personal capacitado, recursos humanos suficientes o capacidad económica para cumplir con los contratos obtenidos.
También fueron identificados casos en los que particulares ocultaron posibles conflictos de interés.
Multas adicionales por manejo de datos personales
La Secretaría informó además que se impusieron 118.5 millones de pesos en sanciones por infracciones cometidas por particulares que tienen bajo su responsabilidad datos pertenecientes a otras personas.
En este rubro fueron sancionados 51 particulares, de acuerdo con el informe presentado por la dependencia.
Además de las acciones de carácter sancionador, la SABG destacó las medidas preventivas implementadas durante el periodo. Según el balance presentado, estas acciones permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos de recursos públicos, mediante mecanismos de vigilancia, prevención y eficiencia administrativa.