• La fiscalización abarcará 25 años de adquisiciones y servicios de las autoridades electorales; se buscará identificar concentración de proveedores y posibles responsabilidades de funcionarios públicos.

XALAPA, VER. — Los contratos celebrados por las autoridades electorales durante los últimos 25 años estarán bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que busca detectar posibles irregularidades en la asignación y utilización de recursos públicos. La investigación también incluirá al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz y los recursos federales destinados a su funcionamiento.

De acuerdo con la información difundida sobre estas indagatorias, el periodo de análisis comprenderá de 2000 a 2025, con el propósito de reconstruir el historial de adquisiciones de bienes y contratación de servicios realizados por las instituciones electorales.

Entre los aspectos que serán examinados se encuentra la distribución de los contratos, la posible concentración de adjudicaciones en determinadas empresas y la eventual participación de servidores públicos en procedimientos que pudieran presentar anomalías.

REVISARÁN CONTRATACIONES DEL IFE Y EL ACTUAL INE

La fiscalización no se limitará al Instituto Nacional Electoral (INE), sino que también comprenderá las operaciones realizadas por el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), organismo que antecedió a la actual autoridad nacional.

La ASF pretende identificar posibles patrones en los mecanismos de contratación utilizados durante ese periodo, así como determinar si existieron proveedores que recibieron adjudicaciones de manera recurrente o si se presentaron prácticas contrarias a las disposiciones que regulan el gasto público.

El análisis contempla una auditoría integral al INE y la revisión del ejercicio de los recursos federales entregados a los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas.

OPLE DE VERACRUZ, ENTRE LOS ORGANISMOS QUE SERÁN EXAMINADOS

En el caso de Veracruz, la revisión alcanzará las contrataciones del OPLE, institución responsable de organizar y vigilar los procesos electorales locales.

La investigación buscará esclarecer cómo se ejercieron los recursos públicos destinados a la operación de las autoridades electorales y si los procedimientos para adquirir bienes y servicios se desarrollaron conforme a la normativa aplicable.

Las líneas de investigación surgieron después de que la Auditoría Superior de la Federación recopilara información solicitada a distintos gobiernos estatales, cuyos datos habrían permitido identificar posibles irregularidades en contrataciones históricas.

La revisión se realizará dentro de las atribuciones legales del organismo fiscalizador, que deberá analizar la documentación correspondiente y, en caso de encontrar elementos suficientes, determinar las acciones que procedan.

Hasta el momento, la información difundida no establece responsabilidades individuales ni confirma la existencia de delitos, por lo que los posibles señalamientos deberán sustentarse mediante los resultados de las auditorías e investigaciones.