• La Secretaría de Marina y ASIPONA aseguran que existen programas de vigilancia y restauración ecológica; sin embargo, ambientalistas solicitaron a Semarnat detener la construcción del rompeolas oriente e investigar sus posibles afectaciones.

VERACRUZ, VER. La ampliación del puerto de Veracruz se encuentra nuevamente en el centro de la discusión ambiental, luego de que organizaciones civiles solicitaran detener las obras del rompeolas oriente ante el posible impacto sobre el arrecife La Gallega, mientras autoridades federales defendieron los mecanismos de supervisión y compensación ecológica implementados para el desarrollo del proyecto.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar) y la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA) informaron que mantienen acciones de monitoreo, conservación y restauración en los ecosistemas ubicados dentro del área de influencia de la ampliación portuaria, incluidos los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Las dependencias explicaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una nueva autorización ambiental el 30 de diciembre de 2022, mediante el resolutivo SRA/DGIRA/DG-06257-22, después de una reevaluación de los impactos del proyecto.

También precisaron que el 9 de julio de 2026 ASIPONA notificó a la autoridad ambiental el inicio de las actividades correspondientes a la segunda fase de construcción.

AUTORIDADES REPORTAN VIGILANCIA Y PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN

Entre las medidas implementadas, Semar y ASIPONA destacaron el seguimiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los arrecifes durante las temporadas de secas, lluvias y nortes.

Asimismo, señalaron que cuentan con un sistema de supervisión en tiempo real para identificar la distribución de sedimentos en el nuevo recinto portuario y las zonas arrecifales cercanas. Este mecanismo incluye indicadores de alerta que, según las autoridades, permiten suspender las actividades constructivas cuando se superan los límites establecidos.

El programa ambiental también contempla acciones para conservar los corales, vigilar el arrecife El Rincón, evaluar los pastos marinos y monitorear las tortugas. A ello se suma la supervisión de la calidad del agua, así como de la flora y fauna de 18 lagunas interdunarias.

Como parte de las medidas de compensación, las dependencias anunciaron la implementación de 35 hectáreas de arrecifes artificiales, destinadas a actividades de restauración ecológica, turismo y pesca.

AMBIENTALISTAS PIDEN DETENER LAS OBRAS DEL ROMPEOLAS

En contraste, la Red del Corredor Arrecifal dirigió una solicitud a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, para exigir la clausura inmediata de los trabajos del rompeolas oriente, al considerar que podrían ocasionar afectaciones al sistema arrecifal.

La organización argumentó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el Amparo en Revisión 54/2021, estableció la necesidad de revisar integralmente los impactos ambientales de la ampliación portuaria, incluidos los efectos acumulativos, sinérgicos y residuales, además de considerar una Misión Ramsar de Asesoramiento.

Los ambientalistas cuestionaron que, después de la resolución judicial, se repusiera el procedimiento y se emitiera una nueva autorización en diciembre de 2022, pues consideran que no se atendieron adecuadamente los aspectos señalados en el litigio.

También solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar posibles daños derivados de los trabajos de construcción.

Otro punto de preocupación es el material pétreo utilizado en el rompeolas, que, según la organización, procede de la localidad de Mozomboa. La red sostiene que las posibles consecuencias ambientales de su extracción y utilización no habrían sido contempladas suficientemente en la evaluación del proyecto.

De esta manera, la ampliación portuaria mantiene dos posturas enfrentadas: mientras las autoridades federales aseguran contar con mecanismos de vigilancia y compensación ecológica, las organizaciones ambientalistas insisten en que se investiguen los posibles daños y se suspendan los trabajos en el arrecife La Gallega.