- El organismo fiscalizador recibió testimonios, documentos, videos y mensajes para esclarecer posibles anomalías en contrataciones de organismos electorales; los colaboradores buscan obtener beneficios mediante una reducción de sanciones.
CIUDAD DE MÉXICO.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incorporó por primera vez a informantes en sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales, un mecanismo que podría aportar nuevas pruebas al caso relacionado con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
A través de un comunicado difundido este lunes 9 de noviembre, la institución informó que varias personas están colaborando mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, con el propósito de aportar información relevante a cambio de posibles beneficios administrativos.
Entre los elementos recibidos se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp, además de nombres y alias de personas presuntamente involucradas.
INVESTIGAN POSIBLES BENEFICIOS A PROVEEDORES
De acuerdo con la ASF, los datos recabados contienen indicios de que beneficiarios finales de algunas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses en la obtención de contratos públicos.
Las investigaciones abarcan adquisiciones del INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondientes al periodo de 2000 a 2025.
El organismo busca identificar a todas las personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de estas operaciones.
El anuncio se suma a las revisiones sobre presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei. Sin embargo, la ASF no ha identificado públicamente a los informantes ni establecido responsabilidades definitivas contra las personas señaladas.
Las indagatorias continúan para determinar el alcance de las posibles anomalías y establecer si existen elementos suficientes para aplicar sanciones administrativas o proceder por la vía legal.