- Luis Benítez Alcántara adquirió ambos bienes durante el periodo en que presuntamente recibió pagos de la red criminal de Ryan Wedding para favorecer la liberación de un narcotraficante canadiense.
CIUDAD DE MÉXICO.– El juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por una investigación de presuntos sobornos relacionados con el narcotráfico, adquirió un penthouse y un vehículo de lujo por un monto conjunto superior a los 3.4 millones de pesos, de acuerdo con los datos de su declaración patrimonial.
Según la información patrimonial, el juzgador compró un departamento tipo penthouse por 2 millones 300 mil pesos el 16 de julio de 2025. Meses después, el 22 de noviembre del mismo año, registró la adquisición de una camioneta híbrida BYD Atto 8 DM-P, valuada en un millón 117 mil 55 pesos.
También reportó un crédito hipotecario con el FOVISSSTE por un millón 981 mil 206 pesos, contratado el 31 de julio de 2025.
INVESTIGAN PRESUNTO SOBORNO DE DOS MILLONES DE DÓLARES
Las adquisiciones cobran relevancia debido a que coinciden temporalmente con el periodo en que, según las autoridades estadounidenses, Benítez Alcántara habría recibido dos millones de dólares a cambio de favorecer a Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan Wedding.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Clark habría negociado y entregado el dinero mediante intermediarios entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. El 24 de febrero de ese último año, el entonces juez concedió libertad bajo fianza al canadiense, quien enfrentaba un procedimiento de extradición.
Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos.
DETENIDO EN COLOMBIA Y CON CUATRO INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Benítez Alcántara fue arrestado el 1 de noviembre en Colombia y enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos. El gobierno estadounidense anunció que solicitará su extradición.
Además, el Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que el exjuzgador tenía cuatro investigaciones administrativas abiertas por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, independientes del caso por el que fue detenido.
El organismo también inició una investigación de oficio tras conocer las acusaciones estadounidenses.
Hasta el momento, los señalamientos por el presunto soborno permanecen sujetos al proceso judicial correspondiente y no constituyen una sentencia condenatoria.